La Alianza Libres Sin Violencia, plataforma que aglutina a más de 60 organizaciones a nivel nacional que velan por la correcta aplicación de la Ley 348 y el acceso a la justicia en casos de violencia contra las mujeres observa con preocupación el caso de violación cometido por el Fiscal Ricardo Condori Machicado en contra de su hija de 16 años, la misma que señaló que fue objeto de este abuso sexual en varias ocasiones por su padre, además de ser amenazada y amedrentada para no denunciar el hecho.

Luego de la denuncia el ahora imputado fue detenido por el delito de violación y sometido a la audiencia de medias cautelares el día de ayer, donde el Juez 1ro de Anticorrupción y Violencia contra las mujeres de la ciudad de El Alto, Dr. Ricardo Pinto, dispuso medidas sustitutivas a la detención preventiva; consistente en arresto domiciliario, olvidando la autoridad judicial que el lugar donde el imputado cumplirá su arresto es también el domicilio de la víctima, la cual continuará viviendo en la misma casa con su agresor, con el consiguiente riesgo  de volver a ser víctima de nuevos hechos de violencia.

Por otra parte, la autoridad judicial al momento de adoptar la medida sustitutiva omitió considerar lo establecido por el Art. 235 del CPP, numerales 2, 3 y 4 en relación a los riesgos de obstaculización del proceso, puesto que el imputado, al ser una ex autoridad fiscal, conoce a funcionarios y tiene la  posibilidad de influenciar en actores que intervienen en la causa, para su beneficio y en perjuicio de la investigación seguida en su contra. En la misma línea, la medida adoptada no observó lo dispuesto por el Art. 234 del CPP en su numeral 1 que señala que el imputado cuente con un trabajo estable, ya que este habría sido destituido de su fuente laboral. La Ley N° 348, en su Art. 80, señala claramente, que la autoridad judicial cuando hubiese dispuesto medidas alternativas, aplicará medidas de seguridad necesarias para proteger a la mujer que se encuentre en situación de violencia, situación que lamentablemente en este caso no fue prevista por la autoridad judicial.

Por este motivo, la Alianza Libres Sin Violencia exige a las y los operadores de justicia, la aplicación correcta la Ley N° 348 para una efectiva persecución y sanción a los agresores, con el fin de garantizar a las mujeres una vida digna, libre de violencia y el ejercicio pleno de sus derechos para Vivir Bien.

 

Bolivia, 09 de noviembre de 2017.