La Alianza Libres Sin Violencia, plataforma que aglutina a más de 60 organizaciones a nivel nacional que velan por la correcta aplicación de la Ley 348 y el acceso a la justicia en casos de violencia contra las mujeres observa con preocupación la resistencia de algunas autoridades judiciales que se niegan a aplicar el “Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género”, en casos de violencia contra las mujeres en los que persisten sesgos de género favoreciendo la retardación e impunidad.

Este importante instrumento fue elaborado por el Comité de Género del Órgano Judicial con el apoyo técnico del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Cooperación Suiza en Bolivia, siendo aprobado por el Tribunal Supremo de Justicia mediante Acuerdo de Sala Plena Nº 126 de 22 de noviembre de 2016, en el que se encomienda al Pleno de los Tribunales Departamentales de Justicia, a la Escuela de Jueces del Estado, a la Dirección Administrativa y Financiera del Órgano Judicial y al Consejo de la Magistratura, a través de sus instancias correspondientes, la difusión y control de su cumplimiento.

Así mismo, el Consejo de la Magistratura mediante Acuerdo N° 193/2016 estableció su aplicación obligatoria por juezas y jueces de la jurisdicción ordinaria, agroambiental y administrativa.

Con esta aprobación el Órgano Judicial asumió el desafío de incorporar la perspectiva de género en las decisiones jurisdiccionales ante un contexto en el que la vulneración de derechos de mujeres es muy alto y la violencia en razón de género es un problema estructural.

Este protocolo adquiere especial relevancia porque su aplicación tiene carácter mandatorio para las y los administradores de justicia y se constituye en un logro concreto dentro del Órgano Judicial por construir condiciones de igualdad y equidad en la administración de justicia.

Por este motivo, la Alianza Libres Sin Violencia exige a las y los operadores de justicia la aplicación del “Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, en los procesos de violencia contra las mujeres a la luz del principio constitucional de igualdad ante la ley y pide al Consejo de la Magistratura realizar acciones de seguimiento y control a su aplicación.

Bolivia, 26 de julio de 2017.

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