La Alianza Libres Sin Violencia, plataforma que aglutina a más de 60 organizaciones a nivel nacional que velan por la correcta aplicación de la Ley Nº 348 y el acceso a la justicia en casos de violencia contra las mujeres manifestó su indignación y exigencia de la destitución de  los jueces YOVANA GOMEZ MENDOZA y RUBEN RIVERA HURTADO del distrito de Santa Cruz, por haber propiciado el careo de una niña de 7 años dentro de un proceso por el delito de violación con el presunto agresor, la cual entre lágrimas contó los hechos ante los jueces e identificó a su agresor, mientras su padres esperaban fuera de la audiencia, sin embargo, consideramos que este no es un hecho aislado sino que pone nuevamente en evidencia las graves falencias del sistema de justicia en Bolivia.

Esta gravísima violación a los derechos humanos de la víctima muestra la falta de especialización y absoluto desconocimiento de la legislación nacional y de los estándares internacionales de derechos humanos para la atención de casos de violencia que nacen de los tratados internacionales que Bolivia ha ratificado.

Preocupa de sobre manera, que se haga caso omiso de las disposiciones de la Ley Nº 348, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, que establecen expresamente que los procedimientos judiciales o administrativos de protección a víctimas de violencia deberán aplicar el principio de trato digno, debiendo garantizarse la protección a su dignidad e integridad, evitando  la revictimización y maltrato, así como el contacto, careo o cualquier tipo de proximidad de la víctima con su agresor. (Art. 58).

Si bien la pronta decisión del Consejo de la Magistratura de desvincular a los indicados jueces el dia de hoy fue la que correspondía, queda en cuestión los criterios y mecanismos de selección y nombramiento de autoridades judiciales que permiten tener entre ellas a jueces y juezas, sea de carrera o transitorios, que no se encuentran a la altura de las importantes funciones jurisdiccionales que se les han encomendado.

No es un hecho menor que este proceso tenga más de tres años sin haberse concluido, muestra de la retardación de justicia que golpea a los sectores más vulnerables y de escasos recursos, por lo que la constante en la demora de las investigaciones, la presentación de acusaciones y el desarrollo de juicios constituyen obstáculos al acceso a la justicia que demandan a fiscales, investigadores y jueces cumplir sus funciones con mayor celeridad.

La falta de una atención integral adecuada a las víctimas muestra también la debilidad de las Defensoría de la Niñez y la Adolescencia y en otros casos de los Servicios Legales Integrales Municipales para brindar una atención integral a las víctimas y defender sus derechos de forma efectiva.

La Alianza Libres sin Violencia exige:

  • A las autoridades competentes, tomar de forma inmediata, en el caso concreto, todas las medidas necesarias para proteger y asistir a la víctima y sus padres, tanto dentro del proceso penal, como en todo lo concerniente a la reparación integral por el daño sufrido.
  • A las y los operadores de justicia cumplir a cabalidad con la Ley Nº 348 y los estándares internacionales de derechos humanos en todos los casos de violencia, así como aplicar el “Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género”, aprobado por el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo de la Magistratura en la gestión 2016.
  • A las Entidades Territoriales Autonómicas, priorizar la construcción de Cámaras Gesell para evitar la revictimización, como prioridad en la inversión de los recursos de fuente IDH establecida en el D.S. 2145 de 14 de octubre de 2014 que reglamenta la Ley Nº 348.
  • Al Ministerio Público como director de la investigación penal cumplir sus labores investigativas con la debida diligencia.
  • A las Defensoría de la Niñez y la Adolescencia y a los Servicios Legales Integrales Municipales proteger de forma efectiva y oportuna los derechos de las víctimas de violencia y prevenir su revictimización.

 

Bolivia, 07 de julio de 2017.

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