(ALSV/ 23 de marzo de 2017)

En 2016, Bertha Coca Peña, asesora jurídica de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) en Santa Cruz de la Sierra, presentó en la misma institución donde ella trabaja una denuncia por violencia familiar contra su expareja el Coronel de la Policía Boliviana Ever Urquiza Montoya.

El agresor, al ser parte de la institución verde olivo, denunció a Bertha al interior de la Policía por desprestigio a la institución policial, por lo que ella fue removida de su cargo; restituyéndola posteriormente al mismo a partir de informes remitidos al Comando General de la Policía y a la Dirección Nacional de la FELCV donde se manifiesta violación a sus Derechos Humanos por someterla a proceso disciplinario cuando el juicio por violencia se desarrolla en la justicia ordinaria ejerciendo sus derechos como víctima de violencia.

En varias oportunidades, la víctima solicitó al Ministerio Público el cambio de Fiscal por no dar cumplimiento a requerimientos y por malos tratos, los mismos que fueron denunciados ante la Defensoría del Pueblo, incluso se presentó una denuncia por amenazas e intimidación por parte del Fiscal Alexander Osinaga asignado al caso.

Durante el proceso, la audiencia cautelar se produjo después de reiteradas suspensiones atribuibles al imputado, donde se mencionó que éste estaba aún en servicio activo en la Policía Boliviana y que tendría permiso de portación de armas de fuego. Ignorando aquello, la Juez a cargo del caso, determinó medidas sustitutivas al desconocer las amenazas de muerte que recibió la víctima ya que el Ministerio Público no presentó la argumentación de riesgos procesales correspondientes para la detención preventiva.

Este 17 de marzo, Bertha sufrió un robo agravado con arma de fuego en la puerta de su domicilio, siendo la segunda vez que le ocurre en menos de 6 meses. Ella, solicita la revocación de las medidas sustitutivas debido a que el acusado la agredió e intimidó en puertas del juzgado, además incumplió la orden de arraigo establecida en su contra y no presentó los garantes requeridos, además, considera que corre grave peligro. Se fijó la audiencia para este 24 de marzo a horas 9:45.

La Alianza Libres Sin Violencia recordamos que:

  • Todos los casos de violencia hacia las mujeres deben ser tratados de manera eficiente y efectiva por parte de los servicios públicos que los atienden.
  • La Policía Boliviana, Ministerio Público y Órgano Judicial por Ley deben proteger la vida de la víctima y de sus hijos/as, actuar con celeridad, evaluar y considerar todas las pruebas correspondientes y sobre todo, procurar justicia.

Este 24 de marzo estaremos todas y todos vigilantes al desarrollo de la audiencia correspondiente.

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