Este 8 de marzo recordamos que #CumplirLa348esLey

Desde la Alianza Libres Sin Violencia (ALSV) exigimos para todas las mujeres de Bolivia acceso a una justicia efectiva en casos de violencia y servicios públicos con calidad, que cumplan todos los principios del Estándar de la Debida Diligencia, que es un parámetro internacional de medición de calidad de servicios de justicia, estando todos éstos reconocidos en la Ley N°348 “Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia”.

Por eso recordamos que:

 

Es primordial que las mujeres en situación de violencia y sus familiares reciban en todas las instancias un trato prioritario, digno y preferencial, con respeto, calidad y calidez . Es por ello, indispensable que en la atención se muestre respeto, amabilidad e interés en el problema, se aplique la escucha activa.
El personal policial encargado del auxilio y atención debe actuar con celeridad y diligencia para, ante todo, preservar la vida de la mujer e integridad, socorriéndola, brindándole seguridad, realizando el acompañamiento al servicio médico de emergencia, la casa de acogida de domicilio u otro lugar seguro, realizando el seguimiento dentro de las 72 horas y haciendo cumplir las medidas de protección.

Deben agilizarse los procedimientos en la policía y la fiscalía para la recepción de la denuncia y toma de declaraciones de manera que la mujer espere el menor tiempo posible.

 

 

 

Debe brindarse información sobre los derechos y garantías que protegen a las mujeres, los pasos procesales a seguirse pero de forma sencilla con términos que sean comprensibles5 . De igual manera, sobre los servicios y todos los medios que permitan a las mujeres el cese de la violencia y la recuperación física y emocional.

 

La atención de los servicios públicos debe ser gratuita y los costos de la investigación no deben ser transferidos a las víctimas y familiares sino asumidos por las instituciones responsables de la atención.

 


Los servicios de atención deben contar con personal multidisciplinario del área legal, psicológica y social, principalmente, para brindar a las mujeres, información adecuada, acompañamiento durante el proceso y terapia para su recuperación.

La especialidad contempla tanto competencias técnicas como aptitudes libres de sesgos de género y apego a la Ley.

La valoración del riesgo es una herramienta crucial para ayudar a la policía y la fiscalía a determinar el grado de seguridad o de riesgo para la víctima de sufrir más violencia en el futuro, y así asegurar que reciba la protección adecuada y ayudarla a desarrollar un plan para preservar su vida e integridad en el futuro y la de sus hijos, hijas u otros dependientes. La fiscalía y la policía deben actuar de forma oportuna ante el incumplimiento de las medidas de protección por parte del presunto agresor.

 

 

 

La revictimización es la suma de acciones u omisiones que generan en la persona un recuerdo victimizante (la persona recuerda y revive lo ocurrido en el momento del hecho delictivo) que conlleva estados de ansiedad, estrés, angustia y malas relaciones interpersonales que afectan su vida cotidiana. El personal de atención y los procedimientos en delitos de violencia no deben ser realizar actos ni procedimientos revictimizantes.

 

Es importante brindar privacidad, confidencialidad y comodidad en el servicio para lograr la aceptabilidad de las mujeres en situación de violencia. Deben adoptarse las medidas necesarias en cuanto a infraestructura, equipamiento y recursos humanos, que garanticen que las mujeres en situación de violencia no serán sometidas a revictimización.

 

 

 

La cadena de custodia es un sistema de seguridad para la preservación de las evidencias y/o muestras, cuyo objetivo es garantizar la integridad, conservación e inalterabilidad de las mismas, desde el momento en que han sido colectadas, custodiadas, transportadas, procesadas y presentadas en los estrados judiciales como medio de prueba, hasta su disposición final. Cada servidor/a por cuyas manos pase el material probatorio debe convertirse en un eslabón verificable y comprobable de la cadena y establecer marcas personales, sellos u otros medios de autenticarlo.

 

Se deben simplificar los procedimientos de la justicia penal y acortar los procedimientos, para brindar una justicia pronta.

 

 

Las mujeres en situación de violencia tienen derecho a la reparación del daño físico, psicológico y material que hubieren sufrido por lo que toda resolución que ponga fin al proceso debe imponer como condición que se cumpla con ella, de igual manera cuando se dispone una sentencia condenatoria respecto al agresor.