Mujeres en situación de violencia y su relación con el Ministerio Público

(ALSV) El Ministerio Público es una de las principales instituciones públicas competentes e intervinientes  para el acceso de las mujeres a una justicia efectiva en casos de violencia. Si esta instancia no responde de manera adecuada a las necesidades de investigación, protección y otras según sus funciones y las dictadas en Ley N°348 “Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia”, la justicia como derecho humano esencial, se ve truncada.

Según los datos presentados por el Ministerio Público[1] en la Rendición de Pública de Cuentas 2016, la carga fiscal en ese año fue de 107.954 nuevos casos ingresados, ascendiendo a un total de 248.497 casos los que componen la carga activa nacional de esa instancia. De éstos, fueron cerrados 93.278 hasta diciembre de 2016.  De los casos nuevos ingresados, el 36, 3% corresponden a La Paz, 17,8% a Santa Cruz, 14,1 % a Cochabamba, siendo el restante 31,8 % el acumulado de los otros departamentos.

La violencia hacia las mujeres y la Fiscalía

Desde el 2013 (con la promulgación de la Ley N°348) hasta diciembre de 2016, el Misterio Público recibió un total de 78.419 casos de violencia familiar o doméstica siendo la causa más frecuente, representando más de un tercio de la carga fiscal, siguiendo a ésta lesiones graves, robo, hurto, entre otras. En total, se registraron 308 casos de feminicidios en el mismo periodo de tiempo.

Sólo el 2016 se reportaron 22.257 causas en violencia y 104 feminicidios en el país, inmediatamente después se encuentran los 9.293 casos de lesiones graves.

Al respecto, el Ministerio Público manifiesta que si bien esta causa es la que mayor carga   representa, la institución sigue contando con la misma cantidad de personal y de recursos económicos que antes de la promulgación de la Ley N°348. La falta de recursos humanos competentes, especializados y multidisciplinarios en las distintas instancias del Ministerio Público repercute directamente en la calidad de atención que reciben las mujeres en situación de violencia y en sus procesos; llegando así a la retardación de justicia y/o posterior abandono de sus casos.

La Alianza Libres Sin Violencia (ALSV) realiza desde el 2015 la medición de desempeño de los principales servicios públicos que atienden casos de violencia hacia las mujeres en 30 municipios[2] del país a partir de los principios establecidos en el estándar de la debida diligencia, que es un parámetro internacional de medición para estos casos. En el “Segundo informe sobre el cumplimiento del estándar de la debida diligencia en la atención a mujeres en situación de violencia. Datos comparativos 2015-2016”[3] se ve claramente la deficiencia por la que atraviesa el Ministerio Público en relación a los casos de violencia que atiende.

Entre algunos de los principios de este estándar están el trato digno, la atención inmediata, la información clara veraz y oportuna, la valoración de riesgo y medidas de protección a la víctima y a sus hijos/as, no re victimización, especialización del personal y otros.

En el 2016, los resultados de la medición mostraron que sólo un 39% de las usuarias del Ministerio Público manifiesta que la atención que recibieron fue buena, el otro 61% califica la misma entre regular y mala. Por otro lado, alrededor del 44% de usuarias manifestó que tardaron en atenderlas más de 30 minutos. Además, el 53% señala que la orientación recibida fue regular, no considerando que el derecho a la información clara, veraz y oportuna a las mujeres con casos abiertos es crucial para la continuidad de los mismos.

Por otro lado, el Ministerio Público debe realizar la valoración de riesgo a las víctimas en situación de violencia con el afán de resguardar su vida y disponer las medidas de protección correspondientes. Se identificó en el estudio de la ALSV que en casi el 44% de las usuarias se realizó la valoración de riesgo correspondiente, pero que solo en el 46% de las que si se valoró se dispuso medidas de protección. En la mayor parte de los casos donde el agresor incumplió estas medidas la Fiscalía no asumió acción alguna.

Sobre el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF)

El Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF)[4] es una instancia dependiente del Ministerio Público, encargada de realizar los estudios científicos-técnicos y laboratorios requeridos para la investigación de los delitos. Depende administrativa y financieramente de la Fiscalía General del Estado. Todas sus acciones son gratuitas según sus mandatos.

Según la misma Rendición Pública de Cuentas de la Gestión 2016, el IDIF solamente tiene cobertura en las 9 ciudades capitales y en 12 municipios adicionales[5], lo que limita el acceso a las pericias forenses necesarias en casos de violencia hacia las mujeres y feminicidios, debiendo trasladarse el forense más cercano a la localidad donde ocurren los hechos, además, con las distancias a las oficinas del IDIF más cercanas se puede ver comprometida la cadena de custodia de las muestras y pruebas.

El año 2016, el IDIF realizó 116.441 atenciones, de las cuales 96.620 son de medicina forense y 5.651  de recepción y custodia de evidencias.

Desde el 2013, el personal del IDIF consiste en 58 médicos forenses, 33 peritos forenses, 12 laboratoristas forenses y 22 personal de apoyo. Este es el equipo que realiza el trabajo del IDIF a nivel nacional.

Según el mismo informe de la ALSV, el 41% las usuarias del IDIF menciona que el trato recibido fue bueno, y el restante 59% entre regular y malo, y que el 58% tuvo que esperar más de 30 minutos cuando requerían atención directa del servicio de medicina forense. Al 12% se le solicitó la compra de guantes, barbijos u otros implementos, que si bien es bajo en porcentaje, todo el servicio de esta dependencia del Ministerio Público debe ser gratuito.

Otro dato de interés que recoge el informe  es la diferencia en los criterios para la asignación de días de impedimento de los médicos forenses al momento de realizar la valoración de la víctima,  los cuales parecen ser muy diferentes para casos similares. Así, por ejemplo, se encontraron certificados con 10 días de impedimento por un ojo con hematomas o por una fractura. En 2015, un 69% de los/as abogados/as patrocinantes consideraba que los días de impedimento no estaban acordes al daño sufrido, y para 2016 este dato se incrementó a un 75%. Es decir, que esta situación no ha cambiado pese a que el Ministerio Público cuenta con instrumentos de valoración.

Derechos de usuarias y deberes de los/as funcionarios/as del Ministerio Público

La Alianza Libres Sin Violencia realiza acciones constantes con los diferentes servicios públicos para la mejora en la calidad de los servicios ofrecidos a las mujeres en situación de violencia. Éstos incluyen reuniones a niveles locales, municipales, departamentales y nacionales, el apoyo y la promoción de espacios interinstitucionales que permitan fortalecer y efectivizar el trabajo de los distintos servicios intervinientes y la elaboración de las mediciones anuales de desempeño bajo los principios de la debida diligencia.

Para el 2017, se ha preparado material de información sobre los principales derechos que tienen las mujeres en situación de violencia cuando acuden al Ministerio Público para realizar una denuncia por violencia en los términos de la Ley N°348, los requisitos indispensables y los dispensables. Esta información, se espera, pueda contribuir al mejor trato de las mujeres, a la exigibilidad de sus derechos y al reconocimiento de las obligaciones directas de los/as distintos/as funcionarios/as del Ministerio Público.

 

[1] El Ministerio Público de Bolivia cuenta con un sitio web actualizado: http://www.fiscalia.gob.bo

[2] La Alianza Libres Sin Violencia realiza la medición de desempeño en 30 municipios del país con criterio metodológico que permite dar un panorama nacional a partir de los resultados obtenidos.

[3]Descarga el informe completo acá: http://alianzalibressinviolencia.org/2017/02/02/version-completa-segundo-informe-sobre-el-cumplimiento-del-estandar-de-la-debida-diligencia-en-la-atencion-a-mujeres-en-situacion-de-violencia/

[4] Definición extraída de: http://www.fiscalia.gob.bo/webfiscalia/index.php/idif

[5] Según información del Ministerio Público proporcionada en la Rendición Pública de Cuentas, el IDIF además de las 9 ciudades capitales tiene cobertura directa en: El Alto, Chulumani, Ivirgarzama, Montero, Monteagudo, Yacuiba, Bermejo, Llallagua, Villazón, Tupiza, Guayaramerín y Puerto Rico.