(ALSV/ La Paz – 25 de noviembre de 2016)

Las organizaciones de la sociedad civil que conformamos la Alianza Libres Sin Violencia (ALSV) a nivel nacional, consideramos que todos los días son perfectos para realizar acciones que permitan la eliminación de la violencia contra las mujeres en nuestro país. El real acceso de las mujeres a una justicia efectiva y eficiente en casos de violencia es nuestro mayor reto. Desde el 2015, desde la ALSV realizamos una medición anual de desempeño (1) de los principales servicios públicos que atienden casos de violencia: Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), Ministerio Público (FEVAP/IDIF) y Órgano Judicial para ver, desde parámetros internacionales ratificados en la Ley N°348 “Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia”, cuál es el estado de éstas instancias y sus niveles de cumplimiento de sus obligaciones. Teniendo datos comparativos de los años 2015 y 2016, la medición NOS ALERTA que:

1) El constante cambio de personal de todos los servicios genera retardación de justicia, revictimización y poca profesionalización de los operadores para desempeñar cargos de alta responsabilidad social.

En la FELCV, se ha verificado que los Directores Departamentales y Regionales el 2016 cambiaron entre 2 y 5 veces en la presente gestión, el personal se redujo entre el 10% y 50% en los departamentos, se ha cambiado de destino a investigadores/as sin que cumplan los tres años de permanencia que establece la Ley Nº 348 y el personal sigue siendo convocado para servicios extraordinarios (conflictos sociales, encuentros deportivos, entre otros.). En todos los departamentos, los y las efectivos de la FELCV dedican gran parte de su tiempo en servicio diario al cumplimiento del Plan Tukuy Rikuy de Seguridad Ciudadana, no cumpliendo así con el mandato de exclusividad de funciones.

2) La información u orientación que se brinda a las mujeres en situación de violencia en los servicios es deficiente, poco clara, es mas sobre procedimientos y no sobre derechos. La falta de información obliga a muchas mujeres a abandonar sus casos.

Según la medición, solamente 2 de cada 10 mujeres consideran que la orientación que recibieron en la FELCV fue buena. La situación en el Ministerio Público tampoco es diferente donde sólo 3 de cada 10 mujeres opinan que la orientación recibida fue buena. En la FELCV solamente 3 de cada 10 mujeres reciben copia de su denuncia, siendo este un principio básico del procedimiento y del cumplimiento de las normas.

3) La falta de auxilio, seguimiento, acompañamiento y efectividad de las medidas de protección expone a las mujeres a riesgos, a futuras agresiones e incluso feminicidios.

La falta de auxilio cuando las mujeres víctimas de violencia piden ayuda, están heridas o requieren ser trasladadas a un centro de salud o a una casa de acogida u otro lugar seguro, así como la falta de seguimiento en los casos para verificar si se encuentran seguras conlleva muchos riesgos para ellas y su integridad. Se atribuyen estas faltas a la falta de presupuestos, recursos e infraestructura, los mismos que debieran ser entregados por Gobernaciones y Municipios principalmente, a la FELCV. Los datos son alarmantes donde 9 de cada 10 mujeres que requerían ser atendidas en un centro de salud no fueron acompañadas por la FELCV. Tampoco se acompaña a todas a un lugar seguro después de acudir a la unidad policial.

No se está valorando el riesgo real que las mujeres corren principalmente en sus hogares: en 9 de cada 10 casos en la FELCV y en 6 de cada 10 en el Ministerio Público no se realiza la valoración de riesgo, es decir, no se evalúa si pueden sufrir nuevos hechos de violencia o feminicidio.

En 7 de cada 10 casos las medidas de protección no se dispusieron de forma inmediata por parte del Ministerio Público y cuando se disponen y el agresor no las cumple, en la mitad de ellos no se realiza ninguna acción en contra del agresor.
4) Aún existen cobros en los trámites y procesos faltando al principio de gratuidad.

La Ley N° 348 en su Art. 86 núm. 1 señala entre los principios que rigen su aplicación el de gratuidad, pero esto no se ha logrado llevar a cabo en la realidad, ya que las mujeres víctimas de violencia deben realizar una serie de gastos. En la medición se identifica que 7 de cada 10 mujeres realizan gastos durante la investigación para que la misma avance.

Los costos (folders, hojas, fotocopias, impresión de fotografías, pago de transporte para citaciones y otras actuaciones) siguen siendo transferidos a las víctimas dado que las instituciones no cuentan con los recursos más elementales para recibir una denuncia, realizar citaciones, recolección de evidencias, búsqueda del autor, etc. En algunos casos esos costos incluso están por encima de lo que realmente valen.

OJO con las responsabilidades:

Ante estos, y otros datos correspondientes al Informe sobre el Cumplimiento del Estándar de la Debida Diligencia en la Atención a Mujeres en Situación de Violencia, comparativo 2015 y 2016, donde podemos ver que si bien hay avances en algunos indicadores, estos son escasos y no responden a las necesidades reales de un país cuyos índices de violencia son elevados.

Hacemos un llamado al Órgano Ejecutivo, autoridades nacionales, departamentales y municipales, Policía Nacional, Ministerio Público, Órgano Judicial a actuar en el marco de sus competencias y responsabilidades con mayor celeridad y eficiencia para lograr la reducción de la violencia contra las mujeres y su acceso efectivo a una justicia transparente y efectiva.

25 de noviembre de 2016

1 Estos son algunos datos del Informe de Cumplimiento del Estándar de la Debida Diligencia en la atención a mujeres en situación de Violencia. Datos comparativos 2015-2016. Informe realizado por la Alianza Libres Sin Violencia con datos en 30 municipios a nivel nacional. Enlace al resumen ejecutivo del informe: http://alianzalibressinviolencia.org/2016/11/16/datos-comparativos-2015-2016-informe-sobre-elcumplimiento-del-estandar-de-la-debida-diligencia-en-la-atencion-a-mujeres-en-situacion-de-violencia/

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