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Plataformas, organizaciones, así como activistas defensores y defensoras de los derechos humanos desde la sociedad civil nos articulamos para contribuir a la transformación de la Justicia con nuestra propuesta hacia la Cumbre Nacional de Justicia Plural que se realizará el próximo 3 y 4 de junio en la ciudad de Sucre.

Esta propuesta, elaborada por las redes: Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos, la Alianza Libres Sin Violencia (ALSV), el Comité Impulsor de la Agenda Política y Legislativa desde las Mujeres, la Campaña 28 de Septiembre y el Pacto Nacional por la Despenalización del Aborto en Bolivia,  ha sido construida en procesos nacionales de consulta, debate y consenso que recogen las demandas ciudadanas y nuestra experiencia en la lucha por el acceso a la justicia como derecho humano, sin ningún tipo de discriminación, como garantía del ejercicio de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política del Estado y los tratados internacionales ratificados por Bolivia.

Consideramos que los males de la justicia no son recientes, sin embargo, hoy su crisis es más profunda resultado de la corrupción, desistitucionalización, retardación de justicia, falta de independencia, limitada cobertura, cultura autoritaria y formalista, burocracia, presupuesto insuficiente, selectividad, discrecionalidad, excesiva penalización, abuso del poder punitivo del Estado, escasa formación y especialización, falta de transparencia, entre otros problemas que requieren cambios estructurales.

Ante esta situación, como sociedad civil organizada planteamos:

  1. Garantizar la independencia del sistema de justicia como condición necesaria para una justicia proba e imparcial. Para que esto sea posible tienen que cumplirse mínimamente cinco condiciones: i) Presupuesto suficiente para atender las demandas de la población, ii) Institucionalización de todos los cargos en todas las instituciones que intervienen en la administración de justicia, iii) Un sistema de evaluación permanente e incentivos al buen desempeño, iv) Procesos de remoción y sanción sustentados en el debido proceso y abiertos al escrutinio público, v) Garantías reforzadas contra presiones externas e internas.
  2. Desarrollar un mapa de la justicia plural a nivel nacional que permita identificar las necesidades de acceso de la población desde su pluralidad y diferencias. Es necesario también ampliar la cobertura de los servicios judiciales, fiscales y policiales; así mismo se debe garantizar la creación de los Juzgados especializados en materia de violencia contra las mujeres, y otros de apoyo legal, psicológico y social gratuitos en todo el territorio nacional.
  3. Desjudicializar el Sistema de Justicia, diversificando las formas de resolución de conflictos y fortalecimiento de los medios alternativos de solución de conflictos y potenciar la conciliación judicial en los casos permitidos.
  4. Desburocratizar los procesos, fortalecer y extender la oralidad en todas las materias, promover modelos de gestión que permitan optimizar plazos y acercar la justicia a la ciudadanía entre ellos, un sistema informático unificado, actualizado y desagregado por variables sociodemográficas. También considerar herramientas de gobierno en línea, y datos abiertos sobre justicia permitiendo mayor transparencia, y monitoreo ciudadano al funcionamiento del sistema.
  5. Fortalecer la formación especializada de las(os) operadoras(es) en todo el sistema de justicia, garantizando fallos con perspectiva de género y la interpretación de los derechos conforme al bloque de constitucionalidad y los instrumentos internacionales en todas las áreas del derecho, así como en las resoluciones y requerimientos fiscales e informes policiales en materia penal.
  6. Una política criminal que priorice la prevención antes que la represión, garantizando una adecuada protección de las personas en riesgo de ser víctimas de delitos y la descriminalización de delitos que no comprometan bienes de relevancia social, dando paso a un uso limitado del poder punitivo del Estado, tales como los delitos patrimoniales que no impliquen el uso de violencia y otros como el consumo y micro tráfico de sustancias controladas.
  7. Consolidar el debido proceso y cumplir con el uso excepcional de la detención preventiva-en especial respecto a mujeres embarazadas, madres y cabezas de hogar-, introducir el enfoque restaurativo y profundizar los esfuerzos para la reinserción social en el periodo post penitenciario.
  8. Despenalizar el derecho a la libertad y la autonomía de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, por tanto a la interrupción del embarazo en condiciones seguras.
  9. Adoptar planes institucionales de lucha contra la corrupción en el Órgano Judicial, Ministerio Público y Policía fortalecer los sistemas disciplinarios, mejorar los mecanismos de acceso a la información y de rendición de cuentas, y realizar auditorías jurídicas en procesos en los que se denuncia la vulneración de derechos.
  10. La designación de autoridades para altos tribunales de justicia debe realizarse únicamente en base a méritos y capacidad profesional, incluidos mecanismos que garanticen la elección de igual número de hombres y mujeres. Para lo cual, no es necesaria una reforma a la Constitución Política del Estado sino el perfeccionamiento del sistema de selección en la Asamblea Legislativa Plurinacional que incluya una comisión independiente integrada por sectores académicos, técnicos, colegiados y de sociedad civil.
  11. La creación de un Consejo Nacional de la Justicia Plural con la participación del Estado, las organizaciones indígenas originarias campesinas y el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, entre otros, con la misión de definir las bases para una política pública en materia de justicia plural, incluyendo acciones de adecuación normativa, un mapeo de las jurisdicciones indígena, originario, campesinas y la definición de los mecanismos de cooperación y articulación entre justicias.

Exigimos que en la Cumbre Nacional de Justicia Plural prime la apertura a la participación y al diálogo, ambos dirigidos a la construcción de consensos sobre la pluralidad de planteamientos que se discutirán en ella pero a la luz de la Constitución Política del Estado y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, para que las medidas que se adopten den certezas a la población boliviana y en ningún caso signifiquen retrocesos en términos de derechos, institucionalidad y democracia.

Las conclusiones de la Cumbre Nacional de Justicia Plural deberán dar pie a un proceso de generación de políticas transformadoras de la justicia que sean encauzadas por una Comisión Nacional de Implementación con participación de la sociedad civil organizada. El equipo que conforme este comité debe gozar de independencia, credibilidad y solvencia técnica jurídica, financiera y social.

Conoce la propuesta de Sociedad Civil en Acción:

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