En los próximos días la Asamblea Legislativa del Estado Plurinacional tiene la importante misión de elegir al (la) próximo(a) Defensor(a) del Pueblo, autoridad que por los próximos seis años tendrá la misión de velar por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los Derechos Humanos, individuales y colectivos.

Esta tarea es muy importante, en un contexto en el que pese a los avances en la conquista y reconocimiento de los Derechos Humanos, queda pendiente el desafío de lograr su materialización consolidando un Estado de Derecho sustentado en la justicia, la paz social y con igualdad de oportunidades para todas y todos.

Para que esto sea posible la autoridad electa, requiere cualidades que van más allá de la sensibilidad con los derechos de los grupos en condiciones de vulnerabilidad, desigualdad social y económica, pues como máxima autoridad de la Defensoría del Pueblo impulsa de oficio investigaciones sobre violaciones a  DDHH, promueve acciones constitucionales incluyendo la inconstitucionalidad de normas promulgadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional, ingresa a recintos carcelarios a nivel nacional, instar al Ministerio Público a perseguir delitos que vulneran derechos fundamentales, entre otras funciones.  Representando ante los órganos del Estado Plurinacional, la vulneración, inconstitucionalidad, etc. de estos derechos, por tanto, se requiere de un perfil que contemple las capacidades y competencias en defensa de derechos humanos.

Particularmente en tema de defensa y promoción de los derechos de las mujeres, pues a pesar de  los avances en la legislación y las medidas promovidas por el Estado, aún persisten brechas de desigualdad de género, situación que se evidencia día a día cuando los imperativos normativos impulsados por las reformas legales encuentran barreras para su materialización práctica, sea por la ausencia de presupuesto y/o finalmente porque contravienen paradigmas conservadores.

Por todo lo mencionado, las organizaciones de la sociedad civil demandamos a la Asamblea Legislativa Plurinacional la elección de un perfil que acredite experiencia y competencias específicas en materia de género y derechos de las mujeres, siendo una condición necesaria para que desde la Defensoría del Pueblo se asuman los retos pendientes para la igualdad real y sustantiva de la mujer en nuestra sociedad.

Asimismo, recordamos a la Asamblea Legislativa Plurinacional que desde Ana María Romero de Campero, ninguna mujer ha sido electa para el cargo de Defensora del Pueblo, por lo que instamos a considerar como un elemento adicional de ponderación la selección de perfiles femeninos para asumir el cargo, siendo una buena práctica y un mensaje hacia la sociedad respecto a la voluntad del Estado Plurinacional de promover una mayor participación de la mujer en puestos de liderazgo, especialmente en instituciones relevantes para la defensa, promoción y protección de los derechos humanos.

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