Socialización de los resultados del informe sobre los principios de la debida diligencia en la ciudad de La Paz con periodistas y analistas

La Alianza Libres Sin Violencia con la Comunidad de Derechos Humanos, en la gestión 2015 realizó la medición de desempeño de los principales servicios públicos de atención a mujeres en situación de violencia en 28 municipios del país en relación al cumplimiento de los principios de la debida diligencia a través de la revisión de 287 procesos por delitos de violencia y la aplicación de encuestas a 483 usuarias y  81 abogadas/os litigantes especializadas/os en casos de violencia.

Los resultados de este informe fueron socializados por la Alianza Libres Sin Violencia a nivel nacional con las instituciones aliadas, autoridades de los principales servicios judiciales públicos, Ministerio de Justicia, Fiscalía General del Estado, medios de comunicación y otras instancias locales y nacionales con el fin de poder coadyuvar a la mejora en la calidad de los principales servicios públicos que brindan atención en casos de violencia hacia las mujeres y trata de personas, y con eso lograr el acceso real de las mujeres a una justicia efectiva.

Los hechos de violencia adoptan múltiples expresiones que van desde el insulto, el abuso físico y sexual, el control económico, el acoso sexual hasta los delitos del crimen organizado como la trata y tráfico de personas.

La Constitución Política del Estado reconoce y garantiza los derechos humanos de las mujeres, entre ellos, el derecho a la salud, al trabajo, a la educación, a la participación política e igualitaria de mujeres y hombres, prohibiendo y sancionando toda forma de discriminación, violencia contra las mujeres y trata y tráfico de personas.  En este marco, vio la necesidad de contar con normativas específicas para sancionar las diferentes formas de violencia contra las mujeres o que la afectan desproporcionadamente, es así que el 31 de julio de 2012 se promulga la “Ley Integral Contra la Trata y Tráfico de Personas”, Ley N° 263 y el 9 de marzo de 2013 es promulgada la “Ley Integral Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia”, Ley N° 348.

Ambas normas establecen instancias especializadas para la atención a las víctimas, modifican los tipos penales que sancionan las conductas consideradas delitos e introducen disposiciones particulares para su investigación y procesamiento.

La aplicación de estas normas, en lo referente a la atención a las víctimas, la investigación, procesamiento y sanción a los responsables establece un conjunto de presupuestos para su aplicación que incluyen la especialización del personal, el fortalecimiento de las instancias responsables en recursos humanos, equipamiento e infraestructura y la simplificación de procedimientos, entre otros, que buscan el cumplimiento de principios, derechos y garantías previstos en estas leyes y que responden a los mandatos constitucionales y al estándar internacional de la Debida Diligencia, cuyos parámetros ayudan a medir la calidad de atención con la que actúan todas las instancias públicas que tienen conocimiento de hechos de violencia contra las mujeres, así como de trata de personas.

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A nivel nacional, en las acciones por el 25 de noviembre “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres” las instituciones parte de la ALSV repartieron volantes con los principales resultados de la medición de algunos principios de la debida diligencia.

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